Los argumentos que se vienen dando, para sustentar la conveniencia o inconveniencia de las normas que permiten a los promotores inmobiliarios construir edificios destinados a vivienda social, en cualquier lugar del país, y particularmente en la ciudad de Lima, no parecen ser suficientes como para llegar a un acuerdo, o al menos a la aceptación, de la posición de alguna de las partes involucradas en el problema.